Médicos en el México rural: dar la vida por la profesión
domingo, 24 de julio de 2022

EL PAÍS

ERIKA ROSETE

México – 24 JUL 2022. El colectivo médico en México tiene varios años en pie de lucha por la defensa de sus derechos laborales, e intentando que se dejen de normalizar las prácticas vejatorias incrustadas durante décadas en su formación. Pero han sido los asesinatos del médico pasante Eric Andrade, de 25 años, en Durango, y solo cuatro días antes, el lunes 11 de julio, el de la anestesióloga Massiel Mexía, de 38, en Chihuahua, cuando las cosas cobraron otro tono: el de urgencia y preocupación de que cualquiera de ellos pueda ser la próxima víctima.

A Eric Andrade le dieron nueve disparos por la espalda mientras trabajaba en el hospital de El Salto, en el Estado de Durango. Le faltaban solo dos semanas para terminar su servicio social, y la tarde del ataque le había dicho a su compañera de guardia que se encargara mejor de otros pacientes mientras él atendía a un par de hombres que habían llegado drogados y con actitud violenta a recibir atención médica. Su compañera, según ha relatado la familia de Andrade, quedó totalmente en shock unos minutos después, cuando escuchó las detonaciones y vio a Eric en el suelo.

El caso de la anestesióloga Massiel Mexía, asesinada el pasado lunes 11 de julio en el municipio de Bocoyna, en la Sierra de Chihuahua, aún no está muy claro. Las autoridades estatales han ofrecido información escueta sobre el caso y la familia de Mexía asegura no tener conocimiento de que exista o no una carpeta de investigación y nadie, a más de 10 días del asesinato, les ha dado información oficial sobre lo sucedido. Como pasa en muchos de los casos como este, se han enterado por Facebook y por la televisión de la detención y el procesamiento de un hombre de 19 años que presuntamente sería el agresor.

La Fiscalía del Estado emitió un comunicado en el que informa que se ha vinculado a proceso al presunto culpable, quien fue detenido después de estar en el hospital, a donde había sido trasladado para ser atendido después de que lo encontraran, al día siguiente del asesinato de Mexía, golpeado y amarrado con cinta en un lugar cercano a donde ocurrieron los hechos, en el poblado de San Juanito.

Y fue también por redes sociales que la familia de Eric Andrade se enteró de lo que había ocurrido la tarde del viernes 15 de julio en el hospital del poblado de San Pedro, en Durango. “Me empezaron a mandar publicaciones de Facebook y comenzaron a llegarme mensajes de pésame, antes de que pudiéramos trasladarnos al lugar en donde ocurrió todo y sin que ninguna persona ni del hospital, ni de la universidad o alguna autoridad nos avisara o nos dijera algo”, cuenta Suhey Andrade, hermana de Eric, quien pronto se convertirá también en médica pasante.

Eric Andrade cobraba 3.600 pesos mensuales (175 dólares). Tenía una plaza tipo b, destinada a pasantes que dan atención en áreas rurales de más de 2.500 a 15.000 habitantes “con seis días por semana, con un horario de siete horas de actividades diarias”, según especifica la Secretaría de Salud. Todos los días se trasladaba, junto con un grupo de varios médicos, en una camioneta, en un recorrido que duraba una hora y media, desde Durango, la capital, hasta su sitio de trabajo.

El servicio social en medicina a revisión

Cinthya Flores, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en formación (AMMEF), insiste en la urgencia de que se revisen las condiciones en las que el servicio social de miles de médicos en el país se lleva a cabo. El movimiento, del que ella y otros cientos de profesionales de la salud forman parte, ha solicitado, entre varios otros puntos, una reforma de la Norma 009, referente a la educación en salud. Lo que se pide no es más que lo que tendría que asegurar el Estado mexicano a los estudiantes y personal médico profesional: seguridad, en un país donde impera la violencia, y condiciones dignas para trabajar.

“El sistema de salud en México está sostenido por estudiantes y eso, administrativamente, es muy conveniente porque somos becarios y no recibimos un sueldo”, precisa Flores, al intentar resumir la razón del movimiento que ha cobrado fuerza durante las últimas semanas, tras la estela de los asesinatos de Andrade y Mexía.

Saúl Suazo, estudiante de noveno semestre de medicina de la Universidad Juárez en Durango, es parte de esa generación de profesionales de la salud que observa el panorama con terror. “Es doloroso e inquietante. La incertidumbre que tenemos de estar a un paso de esta etapa (el servicio social) y no saber si estaremos seguros o no”, cuenta. “Queremos hacer ruido a través de marchas, en honor a Eric, por supuesto, pero también queremos que el Gobierno nos escuche”.

El sistema de salud en México está sostenido por estudiantes y eso, administrativamente, es muy conveniente porque somos becarios y no recibimos un sueldo”

Cinthya Flores, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en formación (AMMEF)

La AMMEF lleva un seguimiento de las denuncias que se dan en varios puntos del país. Cinthya Flores ha relatado las más comunes: amenazas por parte de los propios superiores, acoso sexual, inseguridad en los centros de trabajo, cuyas denuncias son totalmente ignoradas por parte de las autoridades de salud y de las propias universidades a las que pertenecen estos médicos en formación. Es decir, el peligro de la violencia impera dentro y fuera de sus lugares de trabajo, están en el abandono de la indiferencia.

Las respuestas a todos estos casos, tanto del Gobierno de los Estados de Durango, de Chihuahua y de la Administración federal, es la misma: “estamos trabajando en esclarecer los hechos”, “este caso no quedará impune”. Condolencias y pésames en comunicados de sus páginas oficiales o redes sociales. Sin embargo, si hay algo en que coinciden las familias de Massiel Mexía y la de Eric Andrade, es el silencio, el ocultamiento y la indiferencia repetidos de las autoridades locales, de las universidades, del propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de una sociedad mexicana que despierta todos los días con un nuevo asesinato, feminicidio o ataque, que las autoridades correspondientes prometen resolver.

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