Hiperviolencia y juvenicidio en México
domingo, 03 de julio de 2022

REFORMA

Daniel Hernández Rosete

Cd. de México (03 julio 2022).- Investigaciones recientes de colegas de la Universidad de Guadalajara muestran que los homicidios con armas de fuego están entre las primeras causas de muerte en México.

Se trata de un fenómeno que afecta a población de 15 a 29 años y que reside en comunidades de alta marginalidad.

La investigación también sugiere que, en este segmento, el incremento de homicidios es de tal magnitud que se perdieron cerca de dos años de esperanza de vida.

Además, la determinante social de esta mortalidad es atribuible al narcotráfico, pues los decesos fueron causados con armas de alto poder.

Este fenómeno no es nuevo, surgió con la militarización que implementó el Presidente Felipe Calderón como consecuencia de la falaz guerra contra los cárteles de la droga.

Aunque esta política fallida ha sido cuestionada en diversos foros internacionales, el gobierno actual del Presidente López Obrador ha continuado con la militarización del País.

Quizá la consecuencia más lacerante de esta administración en materia de seguridad nacional es que ha dado lugar a la aparición del juvenicidio como un problema de salud pública emergente y de graves consecuencias en cuanto a violación de derechos humanos.

Debo subrayar que la militarización del País no sólo incrementó la tasa de homicidios por armas de fuego, sobre todo coincide con la desaparición forzada de jóvenes.

La condición más evidente de este proceso es el hallazgo, desde 2015, de fosas clandestinas dispersas en territorio nacional y cuya magnitud es incuantificable (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes).

En este momento se estima que hay más de 100,000 personas desaparecidas, la mayoría es población entre los 15 y 25 años provenientes de Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León y Veracruz (Registro Nacional de Personas Desaparecidas).

Está claro que la desaparición forzada en México no surge con el actual gobierno, el caso más emblemático es el de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

Pero, no obstante que hay evidencia para responsabilizar a las fuerzas armadas durante el gobierno de Peña Nieto, el actual gobierno parece negarse a reconocer este crimen como un acto de lesa humanidad.

Un rasgo muy preocupante de la desaparición de personas en este momento es que no sólo ocurre por motivos políticos, es decir, no se trata de formas persecutorias en contra de grupos disidentes, sino que incluso afecta a cualquier sector de la población y sin motivo aparente.

Una parte inherente a la lesa humanidad tiene que ver con la dilación y omisiones en las diligencias de investigación de este delito.

Por eso, con los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón se empezó a evidenciar la dificultad del Estado para garantizar la paz social, al punto en que entre algunos colegas surgió la idea de Estado fallido.

Este proceso se agudizó con el actual Presidente, pues el bono demográfico que tiene México se enfrenta a la crisis de violencia más aberrante en la historia del País.

Al tiempo que se dilapida a la población joven, se niega la responsabilidad de las fuerzas armadas como perpetradoras de crímenes de lesa humanidad.

Por ahora, la esperanza está en la acción microsocial de grupos de población organizados en torno a iniciativas ciudadanas que reivindican el derecho a la verdad, por ejemplo, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, las madres en busca de fosas clandestinas o las familias con casos de feminicidios sin resolver.

En esa dirección, también está el periodismo crítico como recurso fundamental de resistencia contracultural ante una condición histórica de hiperviolencia.

Debo reconocer que en México se vive un momento histórico hilarante que parece reírse de una nación que no había visto nunca a un Presidente electo legítimamente, pero que una vez instalado en el poder de Estado se perfila como un autócrata.

Muy afín a los gobiernos más rancios del viejo régimen.

Sobre el autor: es antropólogo, investigador titular del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav.

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