El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que elementos de la policía, el Ejército y otros funcionarios gubernamentales de México estuvieron involucrados en actos creíbles de homicidios ilegítimos o arbitrarios, así como en la desaparición forzada de personas, tortura y trato degradante.

En el capítulo dedicado a México, el informe anual de derechos humanos 2021 sostiene que en el caso mexicano estos problemas persistieron a lo largo del año anterior, junto con condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arresto o detención arbitrarios; restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas.

“Actos de corrupción, investigación insuficiente y rendición de cuentas por la violencia de género, incluida, entre otras, la violencia doméstica y de pareja íntima; delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidad, y delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”, fueron enumerados en el reporte.

El Departamento de Estado hizo notar que la impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos y la corrupción.

“Hubo informes de que algunos agentes del gobierno fueron cómplices de bandas criminales organizadas internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena fueron bajas por estos abusos”, apuntó.

Asimismo, señaló que los elementos del crimen organizado, incluidas las bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron autores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, “lo que resultó en altos niveles de violencia y explotación, particularmente dirigida a los grupos vulnerables. El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la gran mayoría permaneció sin investigar ni enjuiciar”, indicó.

Fuente: El Financiero