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Precio del agua en QRoo se dispara; denuncian cobros excesivos

Precio del agua en QRoo se dispara; denuncian cobros excesivos

La deuda de la señora Carmen Cruz se disparó en tan solo 15 meses. Los mil pesos que pagó en octubre de 2020 fueron escalando hasta llegar a los 40 mil pesos mensuales. Para esta abuela y madre soltera esos montos ya no son costeables. Dejó de sufragar ese gasto cuando perdió su empleo, en plena pandemia. Aguakan le puso un candado a su medidor. Ni una gota le ha caído desde entonces. Pero la deuda sigue creciendo exponencialmente.

La deuda de la señora Carmen Cruz se disparó en tan solo 15 meses. Los mil pesos que pagó en octubre de 2020 fueron escalando hasta llegar a los 40 mil pesos mensuales. Para esta abuela y madre soltera esos montos ya no son costeables. Dejó de sufragar ese gasto cuando perdió su empleo, en plena pandemia. Aguakan le puso un candado a su medidor. Ni una gota le ha caído desde entonces. Pero la deuda sigue creciendo exponencialmente.

    “Ahí se ve cómo cada mes va aumentando. Éste es de 36 mil, éste de 37 mil, éste de… ¡39 mil!”, dice al mostrar sus recibos mensuales. 

Puerto Aventuras es la segunda ciudad más grande de Solidaridad, después de Playa del Carmen, y es el dormitorio de miles de trabajadores de hoteles y restaurantes de la Riviera Maya.

En cuatro municipios del norte de Quintana Roo, Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, el servicio de agua potable no es público, sino privado.

Aguakan es el nombre comercial de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, la compañía que explota la infraestructura hidráulica de esa zona del estado, administra el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento y cobra por esos servicios.

El problema para muchos ciudadanos es que esos cobros son excesivos y que Aguakán cobra más de lo que sirve.

El caso de Carmen Cruz es muestra de los abusos que han denunciado.

Las quejas son tantas que, en abril de 2019, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, anunció que se haría un seguimiento minucioso a la operación de la concesionaria y explicó que esa empresa ocupaba entonces el segundo lugar en número de quejas, apenas detrás de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En 2019, acumulaba ya 700 quejas, pero durante el 2018 alcanzó las 2 mil 500 debido a cobros indebidos.

    “Todos los días ves las filas en las oficinas de Aguakan, gente que quiere que le aclaren por qué le están cobrando tanto”, platica Enrique Burton, un activista del municipio de Solidaridad que, con su organización Asamblea Social del Agua, han dado la batalla ciudadana para retirarle la concesión a esta empresa. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo ha desestimado sus quejas.

    “Nosotros estamos convencidos de que el agua, como un recurso vital, no debe estar en manos privadas, no debe ser una mercancía, debe ser manejada de manera pública, con participación ciudadana”, dice.

Las quejas de los usuarios no sólo son los cobros excesivos, sino que van más allá. En esos municipios son frecuentes las quejas por la falta constante de agua, las fugas sin reparar, medidores alterados, contaminación del acuífero y maltrato de los empleados de Aguakan.

   “Ellos cobran el servicio, pero no quieren construir infraestructura, quieren que el municipio o el estado les construyan las plantas, las tuberías”, reclama Wilbert Esquivel, ex funcionario de Benito Juárez.

    “Hay casas que están deshabitadas y que les llegan montos muy altos; el argumento de la empresa es siempre, en el 90 por ciento de los casos, que en las casas tenemos fugas, pero la gente revisa, llama a técnicos para hacer revisiones y no hay tales fugas”, dice Burton.

En 2016, la desesperación de la falta de agua llevó a los habitantes de Puerto Aventuras a cerrar la carretera Cancún-Tulum.

    “Se quemaron camionetas de la empresa, se tomó la carretera, algo que cualquier ciudadano digno haría y lo hicimos por nuestro derecho al agua”, platica Orlando Coox Tun, líder social en Puerto Aventuras, que ha llevado su queja ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus visitas al estado, sin que a la fecha haya solución.

Una concesión polémica

En 1993 Aguakan adquiere la concesión del servicio de agua potable en la zona urbana de Cancún y el centro de Isla Mujeres. Posteriormente se amplió a todo Benito Juárez. Cuando Puerto Morelos se independizó, se llevó consigo a Aguakan. Esa concesión vencía en 2023.

El problema vino a finales de 2014, cuando en medio de irregularidades, en el gobierno de Roberto Borge, hoy preso por corrupción, y con un congreso a modo, se aprobó fast track la ampliación de la concesión de Aguakan hasta 2053, a cambio de una contraprestación de mil 500 millones de pesos, y se le añadió el territorio de Solidaridad, en donde hasta entonces operaba la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), un organismo estatal.

La concesión en Solidaridad es ilegal, afirma René Medrano, abogado y ex director jurídico del ayuntamiento de Solidaridad. Explica que el bando de gobierno establece que el servicio de agua potable no es concesionable. Y aún así, el gobierno estatal lo concesionó.

En 2016, el gobierno municipal inició un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado para cancelar esa concesión. A la fecha, el juicio sigue detenido. “No hay voluntad de resolver”, dice.

Medrano y Burton coinciden en que la empresa responde a intereses poderosos.

    “Es una empresa que cuando nos vamos a estudiarla, vemos que está conformada a su vez por otras empresas que son colocadoras de instrumentos bursátiles, en la Bolsa Mexicana de Valores. Es decir, lo que busca es lucrar con el agua”, dice Medrano, quien explica que la concesión es leonina porque establece que cualquier inconformidad con la empresa, se deberá resolver mediante arbitraje internacional, en Francia, y excluye a las autoridades jurisdiccionales mexicanas.

    “Estamos frente a intereses muy poderosos, detrás de Aguakan está el Grupo Mexicano de Desarrollo, una empresa señalada por corrupción en México y Estados Unidos”, afirma Enrique Burton.

En su página web, GMD, de Jorge Eduardo Ballesteros Franco, acusado en 2001 por la Comisión de Valores y Cambios (SEC) de Estados Unidos por defraudación, afirma que en esos municipios del norte de Quintana Roo “tenemos el 50.1 por ciento del proyecto, mientras que el resto le pertenece a la compañía GBM Hidráulica”.

En el Registro Público del Comercio, el acta constitutiva de DHC indica que sus socios son las empresas Desarrollo Industrial Latinoamericano SA de CV, Desarrollo Urbano Integral SA de CV, Desarrollo Integral de Ingeniería SA de CV, Desarrollo Técnico SA de CV y Arrendadora Grupo Mexicano SA de CV, cada una con 20 millones de pesos acciones.

Por escrito, el director de la empresa, Paul Rangel Merkley, negó las acusaciones de sus detractores y aseguró que las tarifas por el cobro de agua son impuestas por el congreso estatal.

Además, que desde 2017 Aguakan ha invertido más de mil 600 millones de pesos en infraestructura y que cada tres meses paga una contraprestación por 82 millones de pesos; afirmó que todas sus labores están apegadas a bases jurídicas y éticas.

En junio, si hay presupuesto, en una consulta ciudadana se preguntará a los habitantes de la zona si desean que se revoque la concesión a la empresa, mientras que otros, como Burton y Medrano, esperan a que la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa llegue pronto.

    “Sí voy a pagar, porque tengo que pagar, pero yo estoy con la esperanza, ahora sí que, válgame la redundancia, y no debe ser así, pidiéndole a Dios que Aguakan se vaya de Quintana Roo”, dice doña Carmen.

Fuente: Milenio

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